31/10/12

ARGENTINA: CAMPAÑA JUICIO ESMA


El 28 de noviembre dará comienzo en Argentina el juicio por la causa ESMA, teniendo este proceso judicial una importancia indudable, ya que 70 represores y cómplices civiles serán juzgados por los delitos del genocidio cometido durante la última dictadura (1976-1983) en el centro clandestino de detención situado en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA).

Para la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos es un objetivo de justicia que hemos impulsado con responsabilidad y compromiso.  Somos conscientes del  esfuerzo que nos exige esta tarea:  dos años de
audiencias,  tres  semanales, sumando un total aproximado de 290 audiencias, para las cuáles los soportes técnicos y humanos tienen costos imposibles de solventar sin el concurso solidario de todos cuantos quieran sumarse a este anhelo de  justicia.

La Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos no recibe ningún tipo de subsidio ni subvención; está apuntalada por las cuotas voluntarias de quienes la componemos y de aportes de compañeros que transitan un mismo camino de lucha.

Es por todo lo anterior que solicitamos a todo aquel que pueda realizar una contribución económica,  pudiendo ser la misma circunstancial o continuada, lo haga en la siguiente cuenta bancaria perteneciente a la Asociación de Ex-Detenidos-Desaparecidos:

En Argentina :
Banco Credicoop
Sucursal 070
Nº de Cuenta - 052234.5
Cuit. - 30 / 71075197 – 4
Cbu: 1910070455007005223450

En el exterior :
La Caixa
2100-1663-70-0100376023
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BIC/CODIGO SWIFT: CAIXESBBXXX

Gracias

28/10/12

Los principios sagrados

A fines de 1976, el capitán Oscar Alfredo Castro arengaba a colimbas a participar de la “nueva gesta libertadora” mientras sus hijos llevaban seis meses de cautiverio en Campo de Mayo. “Hicimos un pacto” de no pedir explicaciones a otras fuerzas, se justificaba entonces. “¿Podemos dejar a los muertos tranquilos?”, propone ahora desde su arresto hogareño.

Por Diego Martínez

El capitán habla de guerra. “Claro que hubo una guerra.” El capitán condujo “eficazmente” la Fuerza de Tareas 2, “empeñada diariamente en la guerra antisubversiva”, lo elogió el vicealmirante Luis María Mendía a fines de 1976, mientras los hijos del capitán estaban secuestrados en Campo de Mayo. Esa tarde, en la base de Puerto Belgrano, caracterizó al enemigo: “Grupos siniestros, renegados sin Dios, sin Patria y sin sentimientos”. Antes de tomarles juramento a 3500 conscriptos dijo que “la Providencia” los había elegido para la “nueva gesta libertadora”, que debían defender un estilo de vida “a cualquier costo y por todos los medios” y dejó constancia de su “amor a la libertad dentro del marco de la familia”. Sus hijos llevaban medio año con capucha y grilletes. “¿Qué estaban haciendo?,” apuntó a las víctimas cuando supo del segundo secuestro. “No podemos pedir por el hijo de nadie que esté en poder de otra fuerza. Hicimos un pacto”, se justificó. Treinta y seis años después, detrás del muro que construyó antes de ser arrestado en su casa de Gonnet y a meses de ser juzgado por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca, el capitán reniega de la actual “dictadura” aunque admite estar “feliz y contento”. En su living hay cuadros de Jesús crucificado y de la virgen María, pero nada recuerda a sus hijos desaparecidos. “Ya pasó, terminemos –propone–. ¿Podemos dejar a los muertos tranquilos?”
El primer secuestro de los hermanos Castro fue el 22 de mayo de 1976, en su casa de Ciudad Jardín. Alfredo, de 21 años, estudiaba derecho en la UBA y había militado en la Juventud Universitaria Peronista. Luis, de 18, estudiaba en la Escuela Técnica 12 de San Martín, militaba en la JP de Caseros y había sido detenido en 1975. Su padre se había alejado de la familia ocho años antes, cuando el menor de sus cuatro hijos tenía cuatro meses. Desde 1972 dejó de nombrarlos hasta en los censos del personal superior de las Fuerzas Armadas.
Soldados con pelucas puestas se llevaron primero a Luis. Alfredo alertó al tío materno, el coronel Ezequiel Montero, quien sugirió que se trataba de “un tema de polleras”. La patota volvió y se llevó a un amigo de Luis que vivía en la casa. El tío prometió estar a las ocho. “Te cuelgo que vuelven”, dijo Alfredo antes de que lo cargaran en un Fairlane colorado. Esa noche también fueron secuestrados Fernando Barro y los hermanos Andrés y Daniel Barciocco con sus padres. Los Barciocco eran compañeros de Luis en el grupo scout de la parroquia San Francisco de Asís de Villa Bosch, que entre 1976 y 1977 sumó 18 desaparecidos.
La madre de los Castro, testigo del secuestro, centró las primeras esperanzas en su hermano, coronel retirado pero en servicio en Inteligencia de Ejército. Quelito la acompañó a hacer la denuncia y desapareció de escena.
Con el capitán al frente de la Fuerza de Apoyo Anfibio y desde el 1º de julio de la F.T.2 en Puerto Belgrano, que acumulaba secuestrados en el buque 9 de Julio y en la sexta batería histórica de Punta Alta, fue su hermano quien indagó sobre Alfredo y Luis. El primer dato que obtuvo el capitán retirado Miguel Horacio Castro, en ese entonces empleado de seguridad del diario Clarín, lo aportó el amigo de Luis, liberado a los 22 días: habló de un galpón, una pista de aterrizaje, helicópteros, un campo y una fábrica de ladrillos. El marino concluyó que estaban en Campo de Mayo (allí estuvieron los Barciocco según el ex sargento Víctor Ibáñez) y por el número de secuestrado pudo saber que sus sobrinos habían sido registrados con el anterior y el posterior.
La única gestión conocida de Castro por sus hijos tuvo como destinatario al cura Mario Bertone, referente del grupo scout, con quien se formaron y construyeron la parroquia, donde hoy se los recuerda desde un mural. Castro buscó a Bertone en su casa de Villa Bosch. “Casi tiran la puerta abajo”, recuerda la viuda del ex sacerdote, que dejó los hábitos para casarse. “Mis hijos desaparecieron por tu culpa y lo vas a pagar caro”, gritó el capitán. “Estaba con dos o tres hombres, pensé que nos llevaban”, confiesa la mujer. “Tenía un odio terrible con Mario, que lo conocía de la pastoral de familia de Palomar –explica–. Después nos rajamos, sabemos que nos estuvieron buscando.”
En noviembre alguien llamó a la casa de los hermanos y dijo que no podía identificarse. La madre exigió que le hablaran de frente, el diálogo terminó a los gritos y siguió días después:
–Necesito saber cómo va a encauzarlos –la indagó el secuestrador–. Queremos dárselos al padre y (los hermanos) no quieren. Queremos dárselos a su hermano (el coronel) y no quieren. No quieren salir de aquí si no es con usted.
–Son muy buenos hijos. Buena o mala son mi obra –se enorgulleció la mujer–. He sido padre y madre así que pienso seguir siéndolo. Si pretenden más... imposible.
Mientras la madre luchaba por sus hijos, el padre arengaba a 3500 colimbas en el cierre del “año naval”. El 26 de noviembre, en el estadio de Puerto Belgrano, el vicealmirante Mendía elogió “el celo” de la Infantería por “haber soportado el mayor peso de las actividades antisubversivas”. Castro, que ese día festejó el primer año de los mellizos que tuvo con su segunda esposa, advirtió a los conscriptos que “la Nación, sus instituciones, sus hombres y mujeres, están nuevamente en peligro”. “Renegados sin Dios, sin Patria y sin sentimientos pretenden destruirlos y reemplazar aquellos principios sagrados que dieran razón de ser a nuestra comunidad por bastardos argumentos, ajenos al sentimiento nacional”, dijo, rodeado por la plana mayor de la Armada y por el general Adel Vilas.
“Deben estar listos a reafirmar con su sacrificio la voluntad nacional de mantener a cualquier costo aquellos principios que desde siempre informaron a la República”, leyó. “La Providencia los ha elegido” para “apuntalar los conceptos primigenios de la argentinidad: nuestra profunda fe en Dios, vocación de soberanía e independencia, acatamiento al orden jurídico del Estado, amor a la libertad dentro del marco de la familia y de los límites que nos fija el bien común de la sociedad, y nuestra irrevocable decisión de impedir a cualquier costo y por todos los medios que nadie nos imponga otro estilo de vida”.
Cuando “pronunciéis el sí juro quedáis (sic) formalmente enrolados en esta nueva gesta libertadora a la que todos los argentinos de bien ya se han incorporado espiritualmente”, lo citó el diario La Nueva Provincia. El capitán no sólo se había incorporado espiritualmente. El mismo día, en su legajo, Mendía apuntó que Castro “conduce eficazmente el planeamiento, la organización y ejecución de las acciones a desarrollar por su Fuerza de Tareas, empeñada diariamente en la guerra antisubversiva”. Lo conocía de destinos anteriores, pero lo calificaba “exclusivamente” como “comandante en acción de combate”, aclaró.

Liberación

A 700 kilómetros, la madre de sus hijos golpeaba puertas. El 21 de diciembre, la voz sin nombre le informó que los liberaría. Los largaron el 23. “Tenían la barba larga, sucios, un olor acre. Estaban con la misma ropa. Luis flaco, Alfredo gordo, había pasado meses en una celda donde apenas entraba acostado y sólo comía pan. Se había tenido que romper los pantalones, le habían engordado las piernas”, recuerda su novia Marita, que prefiere ser citada sólo como la llamaba la familia. Del cautiverio dijeron poco: que estuvieron vendados, encapuchados y atados, custodiados por perros y gendarmes; que los torturaron con picana, que estuvieron en un galpón con muchos secuestrados, algunos desde el año anterior, y que en octubre Alfredo fue aislado en una celda.
Luis contó que conversaba, encapuchado, con alguien que su madre asoció con la voz sin nombre: el coronel Fernando Verplaetsen, su vecino en Ciudad Jardín y jefe de Inteligencia del Comando de Institutos Militares. La mujer de Verplaetsen, maestra de la Escuela 28, le rogaba que no lastimaran a Luis ya que lo recordaba con cariño porque lo había visto cuidar a su hermano menor, Danielito. La mujer había visto cómo Luis llevaba y traía de la guardería al niño abandonado por su padre a los cuatro meses, y que a los dos años moriría ahogado en la pileta de la casa.
Cuando supo de la liberación, el capitán Castro se reunió con los dos mayores de sus ya siete hijos y les aconsejó irse del país. “Tenés que convencerlo”, le pidió a la novia de Alfredo. “Pensar que he visto morir compañeros y vengo de Puerto Belgrano”, murmuraba indignado por el destino de esos pibes que a fin de cuentas eran sus hijos. Salir de la Argentina no figuraba entre las alternativas que barajaban Alfredo y Luis. Ambos se sabían controlados, incluso en la Nochebuena posterior a la liberación, una pareja en un Falcon se instaló frente a su casa toda la noche, a la espera de algún contacto que nunca llegó.
En el verano de 1977, mientras el capitán asumía como subdirector de la Escuela de Guerra Naval, a metros de la ESMA, Luis empezó a repartir cosméticos con el Citroën de su madre y consiguió autorización para hacer sexto año libre. Alfredo pudo volver a caminar despacio, consiguió trabajo, retomó Derecho, compró colchón y heladera para casarse, aunque insistía en que no podía alejarse de su madre. Pero el 30 de junio de 1977 le dio la razón a Marita: no podían vivir aterrados, iban a casarse y a radicarse en el interior. Esa misma noche se lo llevaron para siempre junto a su hermano.

Segundo secuestro

El hombre alto, de tez blanca y ojos claros que llevaba la batuta no hizo preguntas. Apenas ordenó revisar la biblioteca y el Citroën.
–¿Qué es esto? –indagó al ver balas en una repisa.
–De mi ex marido, capitán de navío.
El militar no se inmutó ante un dato que conocía y ordenó a los hermanos que se vistieran. “Vamos a hacer un memo a la comisaría de Caseros”, mintió. Alfredo y Luis se despidieron de su madre con un beso. Caminaron 50 metros y los cargaron en una camioneta.
Descartada la ayuda del hermano coronel, la madre, que ese año marcharía en Plaza de Mayo, fue en busca de la voz sin nombre que interrogaba a Luis.
–¿Cómo no me vino a ver antes? –preguntó Verplaetsen, que vivía a 150 metros.
–En la escuela no me enseñaron qué hacer cuando nos secuestran un hijo –-le explicó.
El jefe de Inteligencia de Campo de Mayo le dijo que desconocía los operativos de la noche anterior, sugirió que “gente de Palomar” (léase base de la Fuerza Aérea) había “entrado sin autorización” a su jurisdicción y le recomendó volver días después. Cuando Esther fue al Colegio Militar, le dijeron que “seguro fueron los terroristas”.
–Mire, señor, las manos de los que vinieron a buscar a mis hijos son las mismas manos del que vivió conmigo doce años. Esas manos no las tienen los terroristas, las tienen los que están en un escritorio con tintorería y peluquería al lado –describió a Castro.
Al día siguiente Verplaetsen le pidió que no volviera. Le dijo que sus hijos estaban “metidos en problemas” y que debería esperarlos “muchos años”.
Cuando supo del segundo secuestro, el capitán puso la lupa sobre sus hijos: “¿Qué estaban haciendo?”, preguntó. “Si no los tiene la Marina, no puedo hacer nada –le explicó a Marita–. No podemos pedir por el hijo de nadie que esté en poder de otra fuerza. Hicimos un pacto y tenemos que cumplirlo.”
–¿Para qué pueden tener tanto tiempo a la gente detenida? ¿Les lavarán el cerebro? –le preguntó la novia de Alfredo.
–No, eso sale muy caro –le explicó el capitán.



15/10/12

Perpetua para Sosa y otros dos represores

El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó a prisión perpetua e inhabilitación absoluta a Emilio Jorge Del Real, Carlos Amadeo Marandino y Luis Emilio Sosa por considerarlos autores de los 16 fusilamientos de presos políticos y el intento de asesinato de otros tres en 1972, en la base Almirante Zar de Trelew, y absolvió a Rubén Norberto Paccagnini y Jorge Enrique Bautista.


El debate, encabezado por los jueces Enrique Jorge Guanziroli, Pedro José De Diego y Nora María Cabrera de Monella, se llevó a cabo en el marco de la causa donde se investigan homicidios agravados y torturas, en perjuicio de 19 víctimas.
En su alegato ante el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, la querella de los familiares de las víctimas había pedido prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua para Rubén Paccagnini, Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino como autores de los homicidios y torturas, calificados como crímenes de lesa humanidad.
En el caso del acusado de encubrimiento Jorge Bautista, que actuó como juez ad hoc tras la matanza en Trelew, en calidad de instructor militar, la abogada querellante había solicitado el cumplimiento efectivo de la condena.
En sus alegatos finales en septiembre último solicitaron, además, que se abra una investigación por complicidad contra el médico Lisandro Iván Lois y se pidió a Estados Unidos la deportación del oficial Roberto Bravo, cuya extradición fue negada, a pesar de que "mintió en su ingreso, cuando negó tener investigaciones sobre su persona".
En 1972, los represores dispararon contra Rubén Pedro Bonet, Jorge Alejandro Ulla, Humberto Segundo Suárez, José Ricardo Mena, Humberto Adrián Toschi, Miguel Angel Polti, Mario Emilio Delfino, Alberto Carlos Del Rey, Eduardo Campello, Clarisa Rosa Lea Place, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Heriberto Astudillo, Alfredo Elías Kohon, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas y Susana Lesgart.
Alberto Camps, María Antonia Berger y Ricardo Haidar sobrevivieron a la masacre, pero luego fueron desaparecidos durante la última dictadura, igual que numerosos familiares de los fusilados en Trelew y chubutenses de la Comisión de de Solidaridad con los presos políticos de la Unidad 6 de Rawson.


 http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-205620-2012-10-15.html

HOY SE CONOCE LA SENTENCIA EN EL JUICIO POR LA MASACRE DE TRELEW

Familiares y amigos de las víctimas, así como las querellas y los organismos de derechos humanos, esperan una condena de “cárcel efectiva, común y perpetua” a los responsables del fusilamiento de 16 presos y el intento de asesinato de otros tres en 1972.

 Por Ailín Bullentini
“No nos sirve un poco de justicia, sino toda. No alcanza un poco de verdad; se necesita toda”, dice Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora. Es en el horizonte de esos “todo” donde debe ubicarse la sentencia que familiares y amigos de las víctimas, organismos de derechos humanos y gran cantidad de habitantes de las ciudades patagónicas de Rawson y Trelew esperan este mediodía: una condena de “cárcel efectiva, común y perpetua” a los responsables del fusilamiento de 16 presos políticos y el intento de asesinato de otros tres, hace 40 años, en la Base Almirante Zar. La Masacre de Trelew.
La esperanza respecto del destino que aguarda para los acusados en el juicio les es más fácil de poner en palabras a los familiares, revela Hilda Toschi, la compañera de Humberto Toschi, uno de los fusilados, que los sentimientos que los atraviesan en las horas previas a la decisión judicial. “La tensión me ganó el cuerpo. Faltan horas, cuarenta años después, para que al fin podamos sentir alivio”, intenta Raquel Camps, hija de uno de los tres sobrevivientes, Alberto Camps. Toschi participó de casi todo el juicio. Junto con gran parte del resto de los familiares, Camps llegará esta madrugada a la tierra de donde salió gravemente herido su papá. Escucharán la sentencia juntos.
Con el veredicto que leerán este mediodía los jueces Enrique Guanziroli, Juan Leopoldo Velázquez y Nora Cabrera de Monella, que integran el Tribunal Oral de Comodoro Rivadavia, finalizará el juicio por los asesinatos de Trelew, considerados por la Fiscalía y las querellas como delitos de lesa humanidad y la “mesa de ensayo” del terrorismo de Estado cívico-militar que arrasó con 30 mil vidas entre 1976 y 1983. Docenas de testigos desfilaron ante los magistrados, las partes acusatorias y las defensas durante los más de cinco meses de debate.
“Esperamos que la sentencia sea absolutamente condenatoria de cárcel común, perpetua y efectiva. Queremos también la inmediata detención de estas personas, porque está harto comprobado que fueron culpables de dieciséis asesinatos y tres en grado de tentativa. No nos explicamos por qué todavía están en libertad”, resumió Toschi el núcleo de la esperanza que une a los familiares de las víctimas de Trelew. La bronca de tener que compartir la calle con los asesinos de sus seres queridos sigue en su sangre. Respiran y aguantan, pero siguen, como hizo ella misma el miércoles pasado, que detrás de la mesa que ocupó durante el desayuno, en una confitería de Rawson, hacía lo mismo Emilio Del Real, uno de los acusados.
Bajo esa acusación –la de ser responsables de dieciséis casos de homicidio agravado, de tres casos de tentativa y torturas–, tanto los fiscales Fernando Gélvez, Horacio Arranz y Dante Vega, como las querellas de los familiares de las víctimas y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitaron la pena de prisión perpetua para los militares retirados Del Real, Luis Sosa, Rubén Paccagnini y Carlos Marandino. Los alegatos también coincidieron con el pedido de dos años de prisión efectiva para el militar retirado Jorge Bautista, juez ad hoc en la investigación militar de lo acontecido en la Base en la madrugada del 22 de agosto de 1972, acusado de encubrimiento.
También coincidieron en el pedido al Tribunal de que exija la deportación del militar retirado Roberto Bravo, que vive en Estados Unidos y fue mencionado por varios testigos –y en el fundamental relato de los sobrevivientes a la masacre, Alberto Camps, Ricardo Haidar y María Antonia Berger, cuyas voces grabadas se escucharon por primera vez en el marco del debate que hoy termina– como uno de los partícipes del fusilamiento. Las defensas, por supuesto, exigieron la prescripción de los hechos.
La de Raquel Camps también fue su primera vez en la escucha de la voz de su papá. Y más allá de lo “épico y fantástico” que, contó, fue ese hecho histórico en su vida –un “encuentro necesario” con su padre “en la intimidad” que le permitirá desde ese momento en adelante “cerrar los ojos y escucharlo”–, la mujer que espera la sentencia de hoy para “tener alivio” también define el relato en audio de su papá y los otros sobrevivientes en el marco de los hechos: “Después de 40 años pudieron, con sus voces de aquel momento, ser testigos en el juicio a los responsables. Lo que ellos siempre quisieron. No pudieron con sus voces”.
Su sentir es confuso, por estos momentos, y la memoria de su cuerpo está viva: los efectos que sintió en el juicio y la sentencia a los responsables de la desaparición de su madre son los mismos que experimenta por estas horas: tensión, sueños repetitivos, expectativas. “Estas cosas tienen que ver con los duelos. Cuando les vi las caras arrugadas a quienes desaparecieron a mi madre me dio mucha bronca: vivieron impunes, libres, disfrutando de su familia, sus hijos, sus nietos. Nosotros, mientras, aguardamos todo esto. El juicio y la sentencia es para nosotros el duelo que no nos dejaron hacer”, intentó.
Toschi se permite utilizar sustantivos para definir las sensaciones, sin encontrar uno que la convenza del todo: dolor, placer, ¿seguridad? Entonces, completó: “Lo que siento y sentimos todo los familiares es que realmente tenemos a los asesinos donde los queríamos tener: enjuiciados, sentados en el banquillo de los acusados y que fuera la Justicia la que determinara absolutamente su culpabilidad. Llegar a la sentencia en un juicio que se nos hizo muy largo. Llegamos casi sin esperanza”.

–¿Las expectativas para hoy son las mismas que albergaban al inicio del juicio?

–No. Entonces fue la necesidad clara de rever toda la historia. Hoy, como en el aniversario, será distinto. Creo que podremos sentirlo de otra manera: que se hizo justicia. Será un momento de paz.

“Vildoza era una pata del sistema”

El marino Jorge Vildoza, uno de los lugartenientes de Emilio Eduardo Massera, lleva veintitrés años prófugo. Beccaluva cuenta cómo son sus negocios en el juego y la manera en que colaboró para que accediera a que su hijo apropiado se presentara a la Justicia.








Por Alejandra Dandan
Oscar Beccaluva es abogado, todo terreno. En 1995 conoció al grupo de empresas del marino Jorge Vildoza, el segundo jefe de la Armada durante la dictadura, prófugo desde hace veintitrés años por los crímenes cometidos durante su dirección de la ESMA. Los Vildoza le pidieron unos arreglos en la licitación de un bingo en Posadas; dos años después volvieron a llamarlo por unos pagarés de un millón y medio de dólares y al poco tiempo lo mandaron a Sudáfrica. Desde hace un tiempo, Beccaluva viene declarando en distintos juzgados sobre los negocios de Vildoza. Pidió que lo releven del secreto profesional para poder defenderse en una causa, y así abrió las puertas de una historia que se hunde en las profundidades del infierno. Dio nombres de quienes mantenían la estructura de prófugo del marino: documentos falsos, dominios y registros, datos de los socios ocultos. La clave hay que buscarla en una conversación que tuvo con el marino, de hora y media o dos horas, en un bar de Tierra del Fuego, donde le dijo que el casino empezó con el dinero del robo de bienes de los detenidos desaparecidos de la ESMA. “Todo eso me lo dijo el viejo Vildoza en esa reunión: me dijo que parte de las cosas que se fueron apropiando, que las administraba Massera y su staff, le tocaron a él y con eso empezó con los casinos. Otros se dedicaron a otras actividades, ganaderas, agropecuarias; a él le tocó ésta.”
Beccaluva está al otro lado de una línea de teléfono. Uno de los muchos números con su nombre que aparecen en la guía de Misiones. Parece sencillo ubicarlo. Alguien atiende, pequeño filtro, y luego responde él. Unos días más tarde, aterrizado en Buenos Aires, se entrevista con Página/12 en un bar frente al Abasto. La cara semiparalizada por un virus que pescó en Perú. No tiene pinta de hombre de la city ni corbatas de tribunales. Campera de cuero negro muy trash, y los ojos que no dejan de moverse. Van de la vidriera a la mesa, una y otra vez, como si fuera un tic más que un estado de alerta. Es la primera vez que habla con un diario.
“Vamos a ver cómo empieza toda esta historia...”, dice y arranca. “Creo que el mío es el estudio más grande del nordeste del país, entonces siempre cae alguien... siempre tenemos poderes interesantes. En este temita, como yo era abogado de los Casinos del Plata y de los Casinos de La Rioja y de San Luis, una vez hubo una licitación de los bingos en Posadas y había que armar los pliegos. Ahí se plantearon algunas situaciones, entonces creo que alguien de los Casinos de La Rioja le dijo a Vildoza: ‘Andá a verlo a Beccaluva al estudio’. Era a mediados del ’95, septiembre u octubre.”
–¿Vildoza padre o hijo?
–Vildoza hijo. Al final participé del temita ese, con resultados negativos. Ya sabes cómo es esto: el tema estaba armado, estructurado, direccionado. Quedó ahí, pasó, no lo vi más. Volvió tiempo más tarde por otro temita relacionado precisamente con los casinos. A Vildoza le habían robado unos pagarés que dejó en garantía por unas licitaciones, eran de alrededor de un millón y medio de pesos, que en esa época era un millón y medio de dólares, y aparecieron ejecutados en San Nicolás. Como habían desaparecido los pagarés me encargaron la cancelación judicial y vuelvo a entrar en contacto con ellos. Al final se terminó arreglando ese juicio, recuperamos los pagarés, se los devolvieron. Esto habrá sido hacia fines del ’97. A comienzos del ’98 me llaman de vuelta.
A la mesa del bar, a la entrevista con Página/12, se suma Carlos Viñas. Carlos es el tío de Javier Penino Viñas, que conecta el tema de los casinos con otra historia. Javier es el hijo de Cecilia Viñas, y el niño que alguna vez Vildoza robó de la Escuela Mecánica de la Armada. Carlos quiere preguntarle a Beccaluva por Javier. Pese a que recuperó su identidad hace tiempo, en medio de una gestión en la que intervino este abogado, Javier tiene poco contacto con su familia y permanece entre sus apropiadores. A comienzos de 1998, cuando lo llamaron por tercera vez, el abogado se encargó de ir a buscarlo a Sudáfrica: el juzgado de María Servini de Cubría tenía la causa de la apropiación, él todavía no había sido identificado y como parte de la investigación el juzgado decidió detener a otros dos hijos del marino.
–Doña Servini de Cubría estaba por detener al hijo de Vildoza y a su hermana Mónica. Al parecer, (los Vildoza) habían ido a ver a unos cuantos abogados y nadie aceptó. Porque, en esto, creo que la cosa es así: muchos de los abogados que defendieron a militares, en el tema específico de la apropiación indebida de chicos, no quisieron saber absolutamente nada. Nada. Entonces, cuando me llaman a mí, fui y les dije: “Sí, pero con una condición: que aparezca ese chico”. Y así fue que fuimos a hablar con (el ex secretario de Servini, Ricardo) Parodi. Nos preguntamos: “¿y cómo lo hacemos aparecer?” E hicimos un acuerdo en el juzgado: quedamos en que me dijeran a mí dónde estaba Javier y que yo vaya a verlo para comunicarle la real situación, porque por ahí Javier podía tener una versión diferente de la cosa. Podía pensar que era un chico adoptado en otras condiciones, o abandonado. Así que diez o quince días más tarde fui y me encontré en Sudáfrica con Vildoza padre, con la mujer de Vildoza (Ana María Grimaldos, que fue detenida este año después de estar más de dos décadas prófuga) y con Javier.
–¿Dónde?
–Nos encontramos en un shopping que está pegado al Hotel Intercontinental de Johannesburgo. Ahí estuve alojado. Los vi dos o tres veces. Llegué un sábado y me volví el lunes: todavía me acuerdo que salí de acá el jueves santo del ’98 y volví el domingo, fue muy breve. Y ahí le dije a Vildoza: “O colabora usted o sus hijos también quedan presos. Y el chico tiene que ir, tiene que someterse a los ADN para saber quién es”. Con toda la bronca, odio, insultos de por medio, me responde. Y un poco a raíz de que Javier se posiciona por el deseo de conocer su identidad, hizo una carta. Yo la traje y yo la presenté en el juzgado.
–¿Qué decía?
–Decía que tomó conocimiento y que quería someterse a los estudios, que se iba a presentar. Digamos que fue un primer acto de buena voluntad para empezar a desentrañar todo esto.
–¿Javier se enteró por usted de todo?
–El tenía una versión, sabía que era hijo adoptivo, pero no sabía en qué circunstancias. Tenía algunas sospechas, pero creo que con esto termina de cerrarle. Así fue que traje esa carta. Y después fui a recibirlo al aeropuerto de Guarulhos en San Pablo y vino conmigo hasta Foz de Iguazú. Vino con Vildoza hijo y por ahí andaba (Luis Alberto) Campi, que era el encargado de todas las documentaciones.
Luis Alberto Campi es abogado, actualmente representa al hijo de Vildoza, pero a lo largo de la charla su figura irá creciendo. Beccaluva se acuerda por ejemplo de que en un momento, antes de cruzar la frontera, Javier creyó perder los documentos. A punto tal este Campi se ocupaba de todo, dice el abogado, “que Javier dijo: ‘total qué problema hay, si hacemos otro’, teníamos ahí al fabricante, que era Campi”.
–¿Cómo era la relación entre Javier y Vildoza? –pregunta Carlos– ¿De adultos?, ¿de subordinación?
–Cuando yo lo conocí, Vildoza era un individuo abatido, un individuo quebrado, no era el tipo que daba órdenes y que sometía a todo el mundo. Creo que era un tipo ya gastado, no sé si enfermo, pero sí quebrado psicológicamente. Esto me lo termina confirmando él mismo tiempo después, cuando volví a verlo en Ushuaia. Ahí yo me llevé la gran sorpresa cuando lo vi en la oficina de (el ex gobernador de Tierra del Fuego, Carlos) Manfredotti, porque me di cuenta de que ese tipo Vildoza estaba casi todo el tiempo acá, adentro del país.
–Antes de ir a Ushuaia, ¿cómo siguió lo de Javier?
–Yo lo traje, vinimos a Buenos Aires, fuimos a Comodoro Py. Al otro día fuimos al Hospital Durand con Parodi donde le hicieron los análisis de ADN. No sé cuántos días habrán pasado después hasta que llegaron los resultados, pero se hicieron los primeros días de septiembre del ‘98. Mientras esperaba, ese chico estaba por Misiones porque Vildoza tenía varios casinitos por allá en aquella época y tenía casa. El chico venía cada dos por tres a comer a casa porque estaba solo. Y en realidad después de eso pierdo contacto otra vez con Vildoza. Creo que charlé unos diez o quince días más, después cortaron las relaciones conmigo, me ignoraron completamente. Inclusive me tenían que pagar algunas cuestiones... yo vivo de mi profesión. Y bueno, se llamaron a silencio. Después aparece el tema de Tierra del Fuego.
–En un momento se vinculó a Vildoza con el negocio de las armas. Y eso con Sudáfrica. ¿Usted supo qué hacían allá?
–Yo no sé que hacían en Sudáfrica. Yo creo que en Sudáfrica ni siquiera vivían. Iban y estaban, se tomaban una excursión de dos semanas o un mes dando vueltas y volvían acá. Y hasta creo que por ahí lo tenían internado a Javier en un colegio por allá. Que por eso iban pero estos vivían acá.
Beccaluva habla finito, con esa campera de cuero negro y los ojos que van y vienen a veces parece uno de los personajes de Osvaldo Soriano.

Free shop en el Fin del Mundo

American Data S.A. es la empresa de casinos que Vildoza tuvo en Tierra del Fuego, alrededor de la cual florecieron una serie de negocios donde aparecen los nombres que Beccaluva empieza a señalar. El presidente de American Data es el hijo biológico de Vildoza que lleva su mismo nombre: Jorge Ernesto Vildoza, integrante del SIN (Servicio de Inteligencia Naval) hasta 1988 y ya de 18 años cuando nació Javier. El vicepresidente de American Data es su cuñado: Fernando Giromini, marido de Mónica Vildoza, piloto del Ejército entre 1978 y 1983 y todavía en Aerolíneas Argentinas. El 3 de julio pasado, Servini detuvo a Ana María Grimaldos, la mujer del viejo Vildoza, prófuga como su marido. El 13 de julio allanó el edificio de American Data S.A. en la calle Repetto al 3300 de Vicente López porque las intervenciones del celular de Grimaldos indicaron que desde ahí le pagaban el teléfono. Cuando los funcionarios del despacho de Servini llegaron al suntuoso edificio, el hijo de Vildoza llamó a Alfredo Astiz: “Alfredo estoy acá con el personal de Servini”, le dijo. “¿Le mando un saludo de tu parte?”
Giromini y Vildoza hijo están presentes en los relatos que Beccaluva sitúa en el sur del país, pero alrededor de ellos menciona a cuatro personas: como parte de la estructura más cercana señala a Luis Alberto Campi, como responsable operativo y cabeza política; una línea más abajo ubica a un tal Marcelo Sempé y luego, en el circulo de acuerdos más grandes, a dos abogados de Tierra del Fuego, uno de ellos, Demetrio Martinelli, ahora ex integrante de la lista de conjueces federales de Ushuaia apartado en 2010 por “ayudar, asistir, brindar refugio, documentación apócrifa, etcétera a personas acusadas de delitos de lesa humanidad y que registraban órdenes de captura vigente”. Lo apartaron después de las declaraciones de Beccaluva. El cree además que el 50 o 60 por ciento de las utilidades del casino se destinaban a pagar la protección: a los dos abogados de Tierra del Fuego y a Campi por los documentos falsos y renovaciones. “O sea para mantener toda esa bandita de soporte para la impunidad”, explica.
–¿Por qué lo llevaron a Tierra del Fuego?
–Volvieron a llamarme en el 2001 porque les habían hecho caducar las licencias de los casinos ahí y, como yo había sido jefe de asesores de (Ramón) Puerta, soy medio pariente de él, hablamos con Manfredotti para ver si podían volver a participar en las licitaciones nuevas. Ahí aparece otro tema: unos juicios porque la provincia había cobrado indebidamente algunos cánones. Cobró un canon a todos los casinos que era un tributo nacional, pero que debió eliminar cuando pasó de ser “territorio nacional” a provincia. Es decir, había una superposición de cobros de cánones que daban una suma interesante: nueve millones de pesos de ese momento, que eran nueve millones de dólares ¿Qué ocurrió? Yo voy y vengo por ese tema. Muevo la demanda junto con otros dos abogados pero firmo yo porque estos habían sido funcionarios públicos en el Ipauss, que es el Instituto Provincial Autárquico Unificado. Llevé adelante el tema. Fui de acá para allá. Y un día sorpresivamente me revocan el poder. ¡Yo había hecho todas las gestiones! Hasta había hablado con el ministro de Economía para tener un apoyo extrajudicial una vez promovida la demanda, pero ellos me revocaron el poder y desistieron de la demanda. Por otro lado, me entero de que en realidad habían empezado a cobrar ¿Y por qué me desistieron el poder? Para no pagar los honorarios acordados. Esto es así: son “vil” de Vildoza. Vildoza viene del conjunto de cosas “viles”, ése es el origen de la palabra, eso es así.
Entre la demanda y el momento que le sacaron el poder, Beccaluva tuvo un encuentro casual con el viejo Vildoza. Hoy está convencido de que aquel encuentro encierra la explicación del por qué lo sacaron del medio.
–¿Cuántas veces vio a Vildoza padre en el sur?
–Yo lo veo al viejo primero en el estudio de Manfredotti y me sorprendo cuando lo vi ahí. Y una semana o diez días más tarde, me lo encuentro caminando por Ushuaia en la esquina del Free Shop, donde había un barcito que ya no está más. Me encuentro con el tipo abatido ¡que me anuncia lo que me iba a pasar! Me dice: “Tenés que cobrar vos el dinero porque ésa es la única garantía que yo tengo para irme. Porque si vos no cobrás, ellos se quedan con todo el dinero, lo que quieren es todo el dinero atrasado de todos estos años que no estuvo funcionando el casino. Estos me quieren enredar, me quieren mandar al muere, Campi me aprieta”. Todas penurias de un tipo que estaba doblegado. Ahí me cuenta que conoció a Martinelli a fines del ’83, Massera lo llamó a Vildoza y le dijo: “Este va a ser nuestro hombre, va a ser funcionario nuestro”. Massera tenía un proyecto político, el hombre en el sur era Martinelli. “Va a ser el que nos va a proteger a todos los que hemos tenido problemas. O sea, se va a encargar de acomodar o cobrar las propiedades, de administrarlas.”
Martinelli, que es un abogado conservador, formador de opinión en la provincia, recibido en la UCA y el autor de una denuncia contra el primer matrimonio igualitario, cuando se defendió de este tema dijo que nunca estuvo con Massera. Los argumentos no le sirvieron para evitar quedar afuera de la lista de conjueces.
–¿Le creyó a Vildoza?
–Yo lo escuché, tampoco me fiaba mucho porque vos sabés que es un mundillo de cosas en las que uno no sabe qué es cierto y qué no. Vas armando un rompecabezas. Pero fue una charla de hora y media, dos. De contarme. Eran lamentos y lamentos. Los aprietes de Campi... Y, según Vildoza padre, Campi habría sido uno de los encargados de administrar los dineros de los desaparecidos: por eso lo mantuvieron ahí.
–¿Por eso no se lo podía sacar de encima?
–Campi era el garante de Martinelli, de que éstos iban a cumplir. Tenía un poder de sometimiento, de señorío sobre los Vildoza que uno no se imagina. Otro de los que estaba con ellos era Oscar Sempé, que es el cerebro de todo, el ideólogo de todos los temas financieros con Campi. Porque Vildoza hijo es un tipo pesado, pero un tipo de pocas luces; los ideólogos son Sempé y Campi. Andaban con un tal González, un arquitecto, mediana estatura, que había estado en la ESMA. Pero Sempé era importante porque, cada movimiento de diez pesos, era Sempé al que había que pedirle autorización de Campi. O sea Vildoza tenía temor reverencial hacia Campi, o sea que es otro de los que manejó seguramente el encubrimiento.
–¿No se quejó usted cuando dejaron de pagarle?
–Se cortaron todos los lazos porque éstos me empezaron a perseguir. Ahí vienen las persecuciones, vienen amenazas; éstos fueron los que me patotearon, me reventaron autos, todas las cuestiones. Habían cobrado diez millones de dólares y no querían pagar a nadie. Campi me apretó, me llamó acá a su estudio, a punta de pistola.
–¿Cree que Vildoza se llevó la plata de la ESMA o más bien es un administrador de fondos?
–Yo creo que Vildoza era una pata más de todo el sistema. Creo que acá nadie sienta bien la investigación. Creo que hay que mirar a los otros. Sempé tenía o tiene mesas financieras, manejadas también bajo la supervisión del otro y tenían relación con varios marinos, con (Jorge “El Tigre”) Acosta, por ejemplo.
-¿Cómo lo sabe?
–Porque él se jactaba de decirlo. “Porque esto lo manejo”, decía. “Porque yo vivía en el edificio tal”, por el redondito. Decía que vivía en sesión permanente con quienes eran los militares que conducían la cúpula de la Armada de esa época. Eran amigos de Camps y de Suárez Mason y frecuentaban negocios en la Recoleta donde tenían un restaurante de categoría. Yo creo que era el agente financiero, el que hacia la ingeniería financiera con grandes mesas de dinero, descontaban cheques, compraban prendas. Había un tal Gianni que yo nunca conocí, también una novia de Vildoza hijo, y a través de Sempé se hacían los giros, eso me lo dijo el viejo aquella vez porque estaba enojado porque se giraba dinero y siempre había problemas.
–No la tenía fácil –dice Carlos.
–Y, es como alguien que nombra testaferros y después no puede salir a reclamarle a nadie porque se le crea un conflicto. Principios de diciembre de 2001 fue mi último contacto con Campi, el día del apriete me quiso hacer firmar un poder desistiendo del mandato. Se armó tal escándalo, un griterío, por eso a lo mejor estoy acá.
–¿Qué relación tenían con Astiz?
–Solía frecuentar Posadas con Vildoza hijo, pero supongo que de estos negocios no tiene nada...
–¿Cuándo vio a Vildoza por última vez?
–La última vez que vi al viejo Vildoza me amenazó. Me dijo: “Rata de mierda, te voy a hacer desaparecer”, porque yo le dije: “Pagame, pagame. De alguna forma, yo me voy a cobrar esto. Esto no me asusta, a mí me pueden dañar, es cierto, pero tampoco me asusta porque me voy a enfrentar”. Entonces se calentó. Me dijo: “Rata de mierda, te voy a hacer desaparecer”. Y esto fue allá por mayo del 2002. No sé si el 1° o 2 de mayo. No lo vi nunca más. Porque, ¿qué es lo que pasa? –se pone a pensar, sentado, la mirada fija en el vidrio–: Te utilizan y después te eliminan, ése es el plan de ellos. Primero dicen ‘te necesitamos’ y en este afán de trabajar vos te metés a hacer las cosas, después vienen por vos, para poder ir eliminando rastros. Creyeron que me iban a hacer cejar con las amenazas. Uno de los abogados conocidos en Tierra del Fuego me dijo: “ ¿vos estás loco?”. “Pero por qué me voy a asustar”, le dije. Al gordo después lo persiguieron allá.

9/10/12

LAS ABUELAS IDENTIFICARON A LA NIETA 107, HIJA DE MARIA DE LAS MERCEDES MORENO, QUIEN LA BUSCA DESDE 1979

Dio a luz encadenada. Entregaron a su beba a la Casa Cuna de Córdoba. Una empleada la inscribió como propia. Hace un año un aviso de Abuelas motivó a otra hija de María a llamar a la institución. La chica tiene ahora 34 años. Pidió tiempo para conocer a su mamá.


En 1977, María de las Mercedes Moreno tenía 24 años. Su marido estaba detenido como preso común en una cárcel de Córdoba, donde también había presos políticos. En las visitas que hacía al penal, por solidaridad, ella comenzó a sacar cartas que esos presos, mantenidos en cautiverio de manera clandestina, escribían a sus familiares. El 26 de septiembre de 1978, embarazada de siete meses, un grupo de tareas secuestró a María de las Mercedes y la llevó al centro clandestino de detención del Departamento de Informaciones de la policía cordobesa. Un mes más tarde dio a luz a una niña, que le quitaron en la sala de partos. Después sabría, por una enfermera, que la beba había sido llevada a la Casa Cuna de Córdoba, pero allí le perdió el rastro. Esta semana, después de 34 años de búsqueda y con 59 cumplidos, María de las Mercedes recibió la noticia de que las Abuelas de Plaza de Mayo habían encontrado a su hija.

El anuncio sobre la nieta recuperada número 107 fue realizado ayer en la sede de Abuelas. “Pocas son las historias en que nuestros nietos se pueden encontrar con sus madres y padres. Por lo general, el terrorismo de Estado se encargó de borrar toda huella de su existencia”, señaló allí Estela de Carlotto. A pedido de la joven recuperada no se dieron a conocer sus datos. La presidenta de Abuelas se limitó a contar que había sido anotada como hija propia por una encargada del Servicio Social de la Casa Cuna en Córdoba y su esposo y que al ser citada por la Justicia la joven accedió voluntariamente a hacerse el análisis de ADN.
Incluso evitaron llamarla por el nombre que María de las Mercedes pensó para ella. “Todavía no la conocimos porque pidió un tiempo para vernos”, explicó la madre, que para el anuncio había viajado desde Córdoba a Buenos Aires acompañada por tres de sus hijas.
Bajita, de pelo corto y rubio y cuerpo grueso, todo en ella daba el aspecto de una mujer fuerte, curtida. “Siempre pensé que la íbamos a encontrar”, aseguró en la rueda de prensa, manteniendo la emoción bajo control.

99,998

María de las Mercedes estuvo detenida en el centro clandestino de detención D2, ubicado en la capital de Córdoba, que dependía del Area 311 del III Cuerpo de Ejército, al mando de Luciano Benjamín Menéndez, desde el 26 de septiembre al 27 de noviembre de 1978. Allí, a pesar de que cursaba el séptimo mes de embarazo, fue sometida a tormentos.
Llevaba dos semanas de cautiverio cuando el parto se le adelantó. El 11 de octubre de 1978 la trasladaron de urgencia a la Maternidad Provincial, donde dio a luz encadenada. La separaron de la niña de inmediato, sin permitirle verla.
Después del parto fue llevada nuevamente al centro clandestino de detención, sin su hija. Pasó dos meses allí, hasta que la mandaron como “detenida especial” a la cárcel del Buen Pastor. Aunque todavía estaría privada de su libertad hasta abril del año siguiente, el blanqueo le salvó la vida.
“Yo sabía que mi hija estaba bien porque mi hermana mayor la llegó a ver dos o tres veces, en la Casa Cuna, y me había contado que estaba perfecta, hermosa”, contó ayer a Página/12. Ayudada por una enfermera amiga de la familia, la hermana había podido enterarse de dónde estaba la niña, e incluso verla de contrabando.
Por eso la tarde en que salió en libertad, el 7 de abril de 1979, María de las Mercedes fue a la Casa Cuna para recuperarla. Las monjas que estaban a cargo del lugar la echaron. “Las subversivas acá no entran”, le advirtieron, y la amenazaron con llamar a la policía. María de las Mercedes fue al juzgado de menores, pero tampoco obtuvo otra respuesta que la amenaza. “No se olvide que tiene cuatro hijos y está sola”, recordó ayer que le dijeron. Su marido y padre de la niña, Carlos Héctor Oviedo, había fallecido por razones no vinculadas al terrorismo de Estado.
En la sede de Abuelas ayer estuvieron el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda –cordobés, como la nieta recuperada–; la titular de Abuelas Córdoba, Sonia Torres, junto a un gran numero de nietos y abuelas que acompañaron el anuncio. Paola, una de las hermanas de la joven recuperada, contó cómo todos en la familia sabían desde niños que tenían una hermana desaparecida. “Siempre la tuvimos presente, crecimos con la ilusión de encontrarla. Queremos que sepa que tiene una familia que la está esperando”, le dijo a través de las cámaras.
Paola fue la que vio un aviso en la televisión y se comunicó con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que incluyó las muestras de ADN de la familia en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Su mamá ya había hecho además una denuncia ante la Fiscalía Federal Número 3 de Córdoba.
El año pasado, María de las Mercedes también hizo la denuncia por el robo de su hija en la filial cordobesa de Abuelas. Con el asesoramiento de las abogadas de la entidad Marité Sánchez y Mariana Paramio, en un año la joven logró ser identificada.
“La madre había hecho una denuncia en el 2001, cuando nosotros no participábamos en el juicio”, relató Sánchez. Una vez que tomaron parte, y con María de las Mercedes reconocida como querellante, pudieron impulsar la investigación. “Sabíamos que una niña había sido inscripta como hija propia por la jefe de trabajadoras sociales de la Casa Cuna, que tenía una relación muy directa con el jefe de la institución, a su vez muy ligado a los militares. La niña había estado un año sin ser inscripta, porque se la habían dado en guarda. Con posterioridad, con un certificado de parto falso, el matrimonio la inscribió como propia.”
El caso sufrió la obstrucción del juez de primera instancia, Alejandro Sánchez Freytes, que consideró que no había un delito de lesa humanidad y se declaró incompetente. Pero tras una apelación, la Cámara Federal ordenó el entrecruzamiento de las muestras de sangre de María de las Mercedes con las de su hija. La joven accedió voluntariamente a dar la muestra. El resultado del ADN dio un grado de certeza de la filiación del 99,998 por ciento.
De la joven se sabe que está casada, que tiene dos hijos y que sabía que no era la hija biológica de sus apropiadores. El caso es conocido en Córdoba: los archivos del diario La Voz señalan que la causa judicial tiene como imputados al matrimonio de Osvaldo Roger Agüero y Laura Dorila Caligaris por haber inscripto como propia a la niña, con un certificado de parto falso, y al juez de menores que les había otorgado anteriormente a la niña en guarda. Las abogadas de Abuelas pedirán, a su vez, que se investigue desde Luciano Benjamín Menéndez para abajo, la responsabilidad de toda la cadena de mandos.

6/10/12

Murió Saint Jean, el que quería matar a todos

El exgobernador de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura cívico-militar tenía 90 años, era juzgado por crímenes de lesa humanidad y no llegó a ser condenado. Además de ser reconocido por sus tropelías, se lo recuerda por una frase que pronunció en 1977 durante una cena entre oficiales: "Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen indiferentes y, finalmente, mataremos a los tímidos".


Ibérico Saint Jean murió ayer en el Hospital Central Militar estaba procesado por los delitos que se le imputan en la causa conocida como Circuito Camps, en la que está imputado por un caso de homicidio y por el de co-autor material de privación ilegal de libertad y tormentos en 61 hechos (aunque en plena democracia se jactó de haber hecho desaparecer a "cinco mil subversivos").La causa es investigada desde septiembre de 2011 por el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que juzga a 26 imputados por los hechos ocurridos en Circuito Camps y también los sucedidos en la casa de `Teruggi-Mariani` de la ciudad de La Plata, incluida la apropiación de la menor Clara Anahí. Entre los casos que se le imputaban a Saint Jean se encuentra el secuestro y las torturas sufridas por el periodista y director del diario La Opinión, Jacobo Timerman, ocurrido el 15 de abril de 1977.
El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, definió al exinterventor de facto como "un ser que violó los derechos humanos, dañó al país y a la sociedad" y como a "un personaje al que la doctrina de la seguridad nacional le borró la ética, los valores, la dignidad y lo transformó en instrumento de la muerte y no de la vida". Además, afirmó a Télam: "Más allá del respeto por la muerte de un ser humano, lamento que (la muerte) haya llegado antes que su sentencia".
Por su parte, Osvaldo Papaleo, hermano de la viuda del dueño de Papel Prensa, David Graiver, aseguró que Saint Jean "representó el puntal del Circuito Camps en Buenos Aires y fue uno de los más altos responsables de la represión en la provincia". "Con sólo sostener a (el general Ramon) Camps como jefe de la Policía bonaerense y tener como ministro a una figura destacada en el derecho como Jaime Smart, se lo puede definir", remarcó.
Nilda Eloy, dirigente de la Asociación de exDetenidos Desaparecidos recordó la figura de Saint Jean como la de quien "no vino a hacerse cargo de la Provincia para combatir el narcotráfico como dijo, sino para asegurarse de la concreción de un genocidio". "Fue un militar que estaba convencido de lo que hacía, y eso lo hacía más responsable, por eso lamentamos que no haya tenido condena antes por la lentitud de los procesos judiciales".

5/10/12

En marzo comienza el juicio por el Plan Cóndor

Tribunal Oral Federal 1 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por Adrián Federico Grinberg, Oscar Ricardo Amirante y Pablo Laufer, juzgará a 18 imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar, entre ellos el dictador Jorge Rafael Videla, por la unificación de tres causas: Plan Cóndor, Plan Cóndor II y Automotores Orletti II.

Entre los imputados por 108 casos de tormentos y privación ilegítima de la libertad se encuentran el exministro del Interior de facto, Albano Harguindeguy, y el exjefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, y está previsto que declaren 450 testigos. Por la causa Plan Cóndor II, están imputados Humberto José Román Lobaiza, Felipe Jorge Alespeiti y Manuel Juan Cordero Piacentini y se investigan presuntas violaciones a los derechos humanos en un total de 13 casos. Se estima que el tribunal recibirá más de 50 declaraciones testimoniales por los delitos cometidos. Finalmente, por la tercera causa se juzgarán delitos cometidos en el excentro de detención Automotores Orletti. El único imputado es Miguel Ángel Furci y se le imputan presuntas violaciones a los derechos humanos, cometidos entre mayo a noviembre de 1976.



http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/subnotas/204880-60676-2012-10-04.html