La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, firmó una resolución en la que instruyó a los fiscales a que investiguen los casos de abuso sexual cometidos durante la dictadura cívico-militar. El documento puntualiza las falencias en el tratamiento judicial que reciben este tipo de delitos en las causas por delitos de lesa humanidad y recomienda "medidas proactivas para hacer públicos, enjuiciar y castigar los incidentes de violencia sexual".
En su resolución, la Procuradora dio instrucción para que los fiscales de todo el país tuvieran en cuenta el documento "Consideraciones sobre el juzgamiento de los abusos sexuales cometidos en el marco del terrorismo de Estado", elaborado por la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas en ese período.
El documento describe las falencias en el tratamiento judicial que
reciben los delitos contra la libertad sexual y ofrece distintas pautas
de actuación para evitar o morigerar sus efectos perniciosos, en
consonancia con las Observaciones Finales que el Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer efectuara al Estado
argentino durante 2010.
Puntualmente, el Comité recomienda que se adopten "medidas
proactivas para hacer públicos, enjuiciar y castigar los incidentes de
violencia sexual perpetrados durante la pasada dictadura, en el marco de
los juicios por crímenes de lesa humanidad".
La Procuradora destacó que el documento elaborado por la Unidad, a
cargo del fiscal Jorge Auat, es "en un todo compatible con las metas y
objetivos que persigue el Programa del Ministerio Público Fiscal sobre
Políticas de Género", creado el 9 de noviembre pasado con el fin de
"difundir, sensibilizar y capacitar sobre las temáticas de género y los
derechos de las mujeres".
A partir de la apertura de las causas por crímenes de lesa humanidad
tras la anulación de las leyes de impunidad en 2007, el fiscal federal
Federico Delgado solicitó al juez Daniel Rafecas que investigue a los
represores Julio Simón, Samuel Miara y Juan Carlos Falcón, por abusos
sexuales que sufrieron detenidos en centros clandestinos. Esta fue la
primera vez desde la revisión penal del terrorismo de Estado, que se
pidió que los abusos sexuales y violaciones que sufrieron algunas
personas secuestradas sean investigados por la Justicia Federal.
Recién en abril de 2010, el Tribunal Federal de Santa Fe emitió el
primer fallo en el país que estableció la violación como delito de lesa
humanidad y tan imprescriptible como la tortura, en una causa donde la
querellante, Amalia Ricotti, convivió con el secreto de la violencia
sexual durante 32 años.
Este fallo fue seguido por otro similar en Mar del Plata, donde la
Justicia condenó a prisión perpetua a Gregorio Molina, por homicidio
agravado, violaciones reiteradas agravadas, privación ilegítima de la
libertad y tormentos agravados en el centro clandestino La Cueva de Mar
del Plata. "Los abusos sexuales en La Cueva no constituían hechos
aislados, sino que conformaban una práctica habitual que se
exteriorizaba a través de diversas conductas que lesionaban el marco de
protección a la integridad sexual previsto por el ordenamiento legal",
argumentaron los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos, y Juan
Carlos Gemignani.
En 2011, un juez procesó a los represores Benjamín Menéndez y Antonio Domingo Bussi por las violaciones sexuales sistemáticas sufridas por una adolescente de 19 años en un centro clandestino de detención.
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-207894-2012-11-15.html
