El Senado argentino aprobó este miércoles una ley que autoriza a la Justicia a ordenar la toma obligatoria de muestras biológicas para determinar la identidad de personas en las causas en las que se investigan delitos de lesa humanidad.
La ley fue sancionada con 57 votos a favor y uno en contra.
En la sesión del Senado, que también debatió otras propuestas, la mayor parte del debate se dedicó a este proyecto de ley, que había generado polémica desde que fue presentado por el gobierno.
"El oficialismo lo defendió argumentando que garantiza el acceso a la verdad y permite avanzar en investigaciones de delitos de lesa humanidad. Sin embargo, muchos cuestionaron que la extracción compulsiva de ADN atenta contra la privacidad y los derechos personalísimos de un individuo", informó la corresponsal de BBC Mundo en Buenos Aires, Valeria Perasso.
En los días previos al debate, el proyecto había sido criticado por voces de la oposición, al considerarlo un elemento de presión contra el grupo multimedia Clarín, el más poderoso del país, enfrentado abiertamente con el gobierno.
La líder del la opositora Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, denunció que podría servir para obligar a los hijos de la propietaria del multimedios, la empresaria Ernestina Herrera de Noble, a someterse a las pruebas de ADN, debido a las sospechas de que podrían haber sido apropiados ilegalmente.
"Los dos jóvenes se niegan a proveer sus muestras de material genético y, bajo la nueva ley, podría darse un caso de búsqueda compulsiva ordenada por la justicia", detalló Perasso.
Sin embargo, los senadores oficialistas rechazaron esta acusación, y acusaron a los medios de publicar "titulares tendenciosos" sobre un proyecto que no busca "promover la persecución".
"Tema juzgado"
Los herederos de Noble, Marcela y Felipe, tienen 33 años y fueron adoptados por Ernestina Herrera en 1976.
Marcela Noble declaró días atrás a la prensa que la causa que busca dilucidar si ella y su hermano son hijos de detenidos desaparecidos es "tema juzgado" y se negó a hacer comentarios sobre la ley sancionada.
La norma, que fue propuesta por la mandataria Cristina Fernández de Kirchner, le permite a la justicia extraer pruebas de ADN a una persona "cuando ello fuere necesario para su identificación o para la constatación de circunstancias de importancia para la investigación".
La ley estipula que el análisis genético podrá realizarse a través de la obtención de "mínimas extracciones de sangre, saliva, piel y cabello u otras muestras biológicas", aunque también permite al juez secuestrar objetos "que (las) contengan ya desprendidas del cuerpo", como cepillos de pelo o de dientes.
La iniciativa fue respaldada por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, la organización de derechos humanos que se dedica a localizar e identificar a los niños nacidos en cautiverio, cuyos padres fueron secuestrados por el Estado durante el régimen militar (1976-1983).
Se estima que unos 500 niños fueron apropiados por las autoridades militares y entregados a terceros que, en muchos casos, los criaron sin informarles sobre su verdadero origen.
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