Los imputados son policías y por las audiencias pasarán 160 testigos. Hoy habrá una marcha de apoyo organizada por organismos de derechos humanos, partidos y sindicatos. También se inicia un juicio por violaciones a los derechos humanos en La Rioja.
La Pampa juzgará a partir de hoy a diez represores por delitos cometidos durante la dictadura. Es el primer juicio oral y público por el terrorismo de Estado en la provincia y se trata de una causa emblemática: es la primera que empezó a ser investigada cuando regresó la democracia. Por las audiencias pasarán 160 testigos; las jornadas comenzarán a las ocho de la mañana de hoy con una marcha de apoyo organizada por la multisectorial que agrupa a organismos de derechos humanos, partidos políticos y sindicatos. En tanto, en La Rioja también comienza el primer juicio oral por los delitos de la dictadura en la causa por el homicidio del soldado Roberto Villafañe, en 1976. Los organismos de derechos humanos locales emitieron allí una señal de preocupación: el tribunal oral que estará a cargo del juicio benefició días atrás al represor Luciano Benjamín Menéndez –imputado en La Rioja por otra causa– con arresto domiciliario por “razones humanitarias”. La querella acaba de pedir la revocatoria del beneficio.
“Tenemos una expectativa muy fuerte de llevar al banquillo a los acusados de la Subzona 14”, dijo a Página/12 Mario Canoba, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Pampa. “Pese a eso, la opinión nuestra es que el juicio es histórico pero acotado, porque en realidad van a ser juzgados oficiales de policía y no el principal referente del área, Luis Baraldini, un personaje siniestro que fue el jefe político de la zona durante la dictadura, actuó con los carapintadas, y está en Bolivia, donde participó en un supuesto golpe de Estado contra Evo Morales.”
La marcha se iniciará a las 8.30 y llegará al Colegio Público de Abogados de Santa Rosa, donde se hará el juicio. Las audiencias harán eje sobre la actividad represiva en los principales centros clandestinos de la provincia. Entre ellos, la Comisaría 1ª de Santa Rosa, el centro clandestino más importante; la ex Brigada de Investigaciones de la misma ciudad; la Comisaría de General Pico; la Comisaría de Catriló y el Puesto Caminero de Jacinto Arauz, a donde trasladaron y torturaron a los maestros de la escuela José Ingenieros tras la denuncia de un grupo de padres.
Los diez acusados son policías de la Subzona 14, ocho de ellos fueron detenidos la semana pasada “para preservar la tranquilidad de las víctimas y de los testigos, por la gravedad de los delitos imputados (secuestros y torturas) y por la trascendencia social del tema”, según la resolución del Tribuna Oral Federal, integrado por José Mario Triputti, Mario Armando Márquez y Norberto Mario Fernando.
Entre los testimonios se escuchará a cuatro médicos acusados por la querella de colaborar con las torturas. Uno de ellos es Miguel Aragón, un ex militar del Regimiento de Caballería Blindada. “Como las comisarías dependían del Ejército –dice Canoba–, él terminó siendo el médico de la Subzona 14, lo señalan como el médico que admitía posibles torturas o no, luego se retiró del Ejército, hizo carrera como policía, hoy es comisario y jefe de Sanidad de la Policía de la provincia”.
Durante la dictadura, La Pampa no tuvo ningún desaparecido en territorio provincial. Hubo sin embargo 49 pampeanos desaparecidos fuera de la provincia. Diez de ellos antes del 24 de marzo de 1976. Para la APDH, el juicio puede abrir una línea de investigación también sobre esos casos: muchos “sufrieron el secuestro después de un trabajo de inteligencia que se hizo en La Pampa”, indicó Canoba. Un caso es el de Lucía Tartaglia, que desapareció con su pareja Enrique Sierra, estuvo secuestrada en el Olimpo y tuvo un hijo que sigue desaparecido. “Fueron víctimas de cruces de informaciones y de un operativo de inteligencia en el que actuaron muchos que no van a estar sentados en el banquillo de los acusados.”
El juicio de La Rioja, en cambio, está acotado a la muerte del soldado Villafañe. Hacía el servicio militar en la Base Aérea de Chamical. Un día en que los militares le dieron franco, una patota fue a buscarlo a su casa por la noche. Lo asesinaron el 30 de agosto de 1976. Los organismos creen que Villafañe había visto u oído algo. Los soldados le tiraron arriba del cuerpo revistas Estrella Roja, la publicación del ERP, para hacerlo pasar por “subversivo”, pero en la causa se demostró que no sabía ni escribir ni leer, y la coartada fue descubierta. Hasta ahora, hay un solo imputado: el ex sargento José Rodríguez, a quien se le atribuyó homicidio calificado y secuestro seguido de muerte. Luciano Benjamín Menéndez también está involucrado, pero se le otorgó falta de mérito. Su expediente es una de las tres causas más importantes de la provincia. Otra es una megacausa que deriva de una investigación de Córdoba, por la actividad ilegal de la cárcel de La Rioja con 65 imputados. Menéndez allí es uno de los principales acusados. La semana pasada, los jueces José Quiroga Uriburu y Sergio Grimaux –también a cargo de la causa de Villafañe– aprobaron un pedido de prisión domiciliaria, medida que todavía no está firme porque la querella pidió la revocatoria.
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